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Los colegios profesionales defienden la «idoneidad» del trabajo de sus asociados

La retirada de la Ley de Servicios Profesionales en 2015 supone un alivio para estas estructuras centenarias, a pesar de ser «una espada de Damocles» para algunos sectores

25/04/2016.
El Norte de Castilla.
E.R.A..

Existe información adjunta : Descargar Archivo PDF.

Colegiarse al terminar los estudios superiores es, para muchos nuevos titulados, la confirmación de que a partir de entonces pueden formar parte activa del mundo laboral. Los colegios profesionales suelen servir de punto de encuentro entre colegiados pero sobre todo, de respaldo a sus integrantes que cumplen todos los requisitos.

En la actualidad, las profesiones colegiadas representan un subsector muy importante dentro del sector servicios, que genera un 8,8% del Producto Interior Bruto, y supone el 6´1% del empleo total, según los datos que maneja el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Un colectivo muy importante que supone el 6,1% del empleo nacional, que según datos del Gobierno Central podría alcanzar el millón de colegiados y supondrían un 30% del empleo universitario.

Los colegios profesionales estuvieron regulados durante décadas por la ley sobre Colegios Profesionales de 1974, que fue modificada en 2009 por la denominada Ley Ómnibus por la que se modificaban diversas leyes para su adaptación sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio para transponer la directiva de servicios y acometer una reforma estructural.

Sin embargo, todo podría cambiar si volviera a primer plano de debate la Ley de Servicios y Colegios Profesionales que el actual gobierno en funciones dejó aparcada hace ahora un año y que en su día Europa quería retomar en este 2016.

Esta polémica normativa, una de las reformas que Bruselas pidió con insistencia a España, regulaba el acceso a determinadas profesiones, en el marco de la evaluación recíproca de la directiva de reconocimiento de cualificaciones profesionales.

Entre sus aspectos más polémicos se encontraban la reducción drástica de las profesiones en las que era necesario la colegiación obligatoria, de 80 a 38, que marcaba la libre elección del lugar donde darse de alta en un colegio, la eliminación de las tarifas de inscripción y el límite de 240 euros para las cuotas anuales fueron las medidas que provocaron su oposición a la ley.

Determinadas profesiones se siguen oponiendo de forma frontal a esta ley o cualquier otra que pueda atendar de forma directa contra su profesión, como por ejemplo, los abogados, donde en su caso concreto, esta ley contemplaba la eliminación de la obligatoriedad de la colegiación para los letrados que tienen una relación laboral con sus clientes, por ejemplo, los llamados abogados de empresa.

Desde el colegio de Abogados de Segovia se considera que esta ley es como «una espada de Damocles que en cualquier momento puede resurgir», apunta el decano del colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo.

Según Sanz Orejudo, la abogacía «siempre va a batallar» esta ley porque «no vamos a admitir que se cuestione el colegio de abogados, el único que está en la Constitución Española en la medida que tenemos obligaciones de defensa de los derechos fundamentales de las personas», puntualiza.

La ley también cambiaba las reservas de denominación, que obligan a colegiarse para utilizar un determinado nombre. Por ejemplo, para denominarse Agente de la Propiedad Inmobiliaria (API) en la actualidad es necesario pertenecer a un colegio. Ese requisito desaparecía para los API y también para economistas o gestores administrativos.

Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria se consideraba que esta ley no tiene en cuenta condiciones en las que «se premia el conocimiento o la profesionalidad porque abarca a sectores amplios y conlleva al consumidor riesgos importantes», señala el presidente de este colegio en Segovia, Miguel Tovar. En este sentido, «asociaciones de consumidores y colegios profesionales tendrían que dar la batalla para evitar sorpresas».

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V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita Segovia, 14 y 15 de abril de 2016.

¿Sabe cuánto cobra un abogado de oficio?

La abogacía recuerda que algunas administraciones se demoran años en pagar

16/04/2016.
El Norte de Castilla.

Existe información adjunta : Descargar Archivo PDF.

La abogacía pidió ayer en Segovia una nueva Ley de Justicia Gratuita que escuche su voz y mejore el servicio, según las conclusiones hechas públicas al final de las V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita, que han reunido a más de 200 letrados y representantes de las administraciones. El presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Morán, exigió también la inclusión de todos los servicios jurídicos a presos, mujeres maltratadas, víctimas de trata y migrantes en el marco del turno de oficio con financiación de las administraciones, informó Efe.

Tras señaló que se trata de un servicio público y que «no es una actividad de mercado», sino uno de los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, Morán recordó que la actual ley data de hace veinte años, periodo en el que la situación social, económica y jurídica ha cambiado sustancialmente.

Los asistentes a las jornadas propusieron la simplificación de los trámites y eliminación de burocracia, que convierte en ocasiones la solicitud de la justicia gratuita para los ciudadanos en «una carrera de obstáculos» para saber si tiene derecho, según las conclusiones. En Segovia, el año pasado se registraron más de 2.000 peticiones, pero no todos los ciudadanos que solicitan este servicio consiguen acceder a él, ya que suelen desestimarse alrededor de un 10%.

«Retribuciones justas»

Piden, además, que se garantice la cercanía de los abogados a los ciudadanos en sus demarcaciones territoriales, así como poner fin a la inseguridad jurídica que sufren los colegios y letrados de oficio ante la proliferación de normativa de desarrollo que en ocasiones se contradice, a través de normas claras y concretas. Asimismo, reclaman la dignificación de la labor del abogado, a través de unas retribuciones justas y ponerle coto a la variedad de retribuciones dependiendo del territorio.

En este sentido, Morán recordó que un letrado de oficio cobra de media 125 euros en España por ocuparse de un caso a través del turno, y que el coste medio por ciudadano de la justicia gratuita en este país es de cuatro euros. Ha recordado que algunas administraciones se demoran años en pagar a los abogados de oficio su trabajo y ha reflexionado acerca de que a los gobiernos «no les resulta rentable la justicia, porque no da votos, pero no estamos viviendo en un país del tercer mundo».

Los abogados reunidos en Segovia han acordado defender los derechos de los refugiados, exigiendo al Gobierno de España y resto de gobiernos de la Unión Europea «el escrupuloso cumplimiento de los tratados internacionales y la solidaridad de los gobiernos con las personas que huyen de la guerra, la persecución y la miseria»

Morán destacó la bolsa de abogados expertos en extranjería y con conocimiento de idiomas que puso en marcha la abogacía española hace dos meses, en la que hay inscritos 1.500 colegiados de todos los puntos de la geografía nacional, dispuestos a asesorar a los refugiados.

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V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita Segovia, 14 y 15 de abril de 2016.

Los abogados piden la reforma de la Ley de Justicia Gratuita

El Consejo General de la Abogacía Española asegura que la asistencia gratuita “no es una actividad de mercado” y reclama que el turno de oficio tenga una retribución justa.

16/04/2016.
El Adelantado de Segovia.
M.G. / Segovia.

Existe información adjunta : Descargar Archivo PDF.

La Abogacía Española reclama una nueva Ley de Justicia Gratuita que escuche su voz y mejore el servicio, un servicio que, insisten, es público y que "no es una actividad de mercado", sino uno de los Derechos Fundamentales de la ciudadanía recogidos en la Constitución. Esta fue una de las principales conclusiones de las V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita organizadas por el Consejo General de la Abogacía Española, que reunieron en el Parador de Segovia a cerca de 200 profesionales del derecho de toda España para analizar la problemática del colectivo.

El presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española, Antonio Morán, expuso las conclusiones de las jornadas, donde los letrados fueron críticos con la forma en que las administraciones reconocen el trabajo de los letrados del turno de oficio y el esfuerzo de los Colegios de toda España.

Así, Morán recordó que la actual Ley data de enero de 1996, periodo en el que la situación social, económica y jurídica del país ha cambiado sustancialmente, mientras que las reformas emprendidas hasta ahora no han sido de suficiente calado.

En este sentido, las conclusiones de las Jornadas proponen la simplificación de los trámites y eliminación de burocracia, que convierte en ocasiones la solicitud de la Justicia Gratuita para los ciudadanos en "una carrera de obstáculos" para saber si tiene derecho. Piden, además, que se garantice la cercanía de los abogados a los ciudadanos en sus demarcaciones territoriales, así como poner fin a la inseguridad jurídica que sufren los Colegios y letrados de oficio ante la proliferación de normativa de desarrollo que en ocasiones se contradice, a través de normas claras y concretas.

Por último, reclaman la dignificación de la labor del abogado, a través de unas retribuciones justas y ponerle coto a la variedad de retribuciones dependiendo del territorio. Al respecto, recordó que un letrado de oficio cobra de media 125 euros en España por ocuparse de un caso a través del turno, y que el coste medio por ciudadano de la Justicia Gratuita en este país es de cuatro euros.

“No se trata de que el Colegio preste caridad a quien no tiene medios", dijo el presidente de la Comisión de Justicia Gratuita del CGAE, “porque el ciudadano tiene el derecho, y cuesta imaginar que el Colegio de Médicos tuviera que pedir una derrama entre sus colegiados para sufragar el coste del anestesista en una operación, pero esto en la Abogacía, existe".

Así, recordó que algunas administraciones se demoran años en pagar a los abogados de oficio su trabajo y reflexionó sobre que a los gobiernos “no les resulta rentable la Justicia, porque no da votos, pero no estamos viviendo en un país del tercer mundo”.

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V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita Segovia, 14 y 15 de abril de 2016.

La demanda de justicia gratuita sigue creciendo debido a la crisis

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, valora que las tasas judiciales se hayan eliminado para determinados colectivos

15/04/2016.
El Norte de Castilla.
Carlos Álvaro.

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La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega Benito, ha afirmado hoy que la demanda de justicia gratuita sigue aumentando en el país debido a la crisis económica y social y ha valorado que las tasas judiciales se hayan eliminado para determinados colectivos.

En declaraciones recogidas por Efe antes de inaugurar las V Jornadas de Asistencia Jurídica Gratuita en Segovia, Ortega ha advertido de que la prestación del servicio de justicia gratuita se ve afectada por la mala situación económica y social que atraviesan los ciudadanos.

Sobre las tasas judiciales, Ortega ha reconocido que han sido muy cuestionadas, «pero afortunadamente se derogaron para las personas físicas y se está pendiente ahora para pymes y ONGs. Fue un tiempo desgraciado que felizmente se resolvió con la llegada del ahora ministro en funciones, Rafael Catalá», ha dicho.

Respecto a la implantación de la denominada justicia digital, la presidenta del Consejo de la Abogacía ha reconocido que «tiene dificultades» aunque ha matizado que «hay que tener en cuenta que su finalidad es positiva y óptima», por lo que valora el esfuerzo que se hace para conseguir que llegue «a buen puerto». Sobre el sistema de justicia gratuita digital, Ortega ha dicho que, en su opinión, «funciona idóneamente desde el momento de su configuración».

Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García Delgado, ha celebrado que esta comunidad sea una de las pioneras en España en la tramitación del expediente electrónico.

Los abogados de las nueve provincias están «francamente contentos con el funcionamiento del turno de oficio» y ha destacado «el esfuerzo que ponen todos los compañeros que lo ejercen».

En cuanto al número de solicitudes, García Delgado ha explicado que, cuando se inicia la crisis, «hubo un repunte importante en la demanda, pero, a medida de que las cosas se van solucionando, en Castilla y León ha ido bajando y se está comenzando a estabilizar en los parámetros normales que había en la Comunidad».

Según García Delgado, el turno de oficio es el «buque estrella» de la abogacía,y ha recordado cómo hace 20 años, cuando se aprobó la ley, parecía impensable que funcionara como lo hace ahora.

En las jornadas, hasta mañana, viernes, participan más de 200 abogados especializados en el turno de oficio y representantes de las administraciones públicas, organizadas por la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo General de la Abogacía Española junto con el Colegio de Abogados de Segovia y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

Entre otros temas se aborda el turno de oficio y justicia gratuita desde el punto de vista de los profesionales, así como de los abogados, los ciudadanos y de la Administración.

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