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Ilustre Colegio de Abogados de Segovia.(v3)

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Ilustre Colegio de Abogados
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El Tribunal de Justicia de la UE confirma que el sistema hipotecario español no protege al consumidor y obliga al gobierno a afrontar un cambio legal.

“La resolución abre puerta a la defensa del derecho de los ciudadanos”.

Julio Sanz Orejudo, Decano del Colegio de Abogados de Segovia.

15/03/2013.
El Norte de Castilla (15/03/2013).
C.A. - Segovia.

Existe información adjunta : Descargar Archivo PDF.

En espera de conocer más a fondo el contenido de la resolución emitida por el Tribunal de Justicia de la unión Europea, el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, considera que el usuario podrá a partir de este momento, disponer de mecanismos en el procedimiento de ejecución hipotecaria, de tal forma que, en el caso de que se hayan establecido cláusulas abusivas, se puedan paralizar las consecuencias del mismo.
“La resolución viene a decir que hay que proteger el derecho de los ciudadanos y abre una puerta muy importante para su defensa y protección”, señaló ayer el letrado segoviano, que pidió “prudencia” a los jueces a la hora de dilucidar si procede o no paralizar los procesos de ejecución hipotecaria que se encuentran en curso. “Ellos tendrán que mover ficha”, añadió. Julio Sanz Orejudo cree que lo decidido por el Tribunal Europeo obligará a modificar la legislación hipotecaria española.
En los últimos años, han sido numerosas las consultas realizadas por los afectados al Colegio de Abogados de Segovia en relación con los embargos de viviendas y las posteriores reclamaciones de las entidades financieras para cobrar la deuda generada por los préstamos concedidos.

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Julio Sanz Orejudo, vicepresidente primero del Consejo regional de la Abogacía

El decano de los letrados segovianos ha sustituido el zamorano Ignacio Esbec

13/03/2013.
El Adelantado de Segovia (13/03/2013).
Texto A.S.R. - Segovia.

Existe información adjunta : Descargar Archivo PDF.

El decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, ha tomado recientemente posesión de su cargo como vicepresidente primero del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CRACYL), tras la renovación de su estructura directiva a consecuencia de los cambios experimentados en los últimos meses por algunos de los nueve colegios de abogados que lo componen, concretamente, tras la renovación de los Decanatos de Salamanca, Zamora y Palencia.
Los nuevos miembros del Consejo de la Abogacía de Castilla y León tomaron posesión de sus cargos durante la celebración de los últimos plenos de la institución, que tuvieron lugar en Burgos y Zamora. Así, tomó posesión en Zamora, como vicepresidente primero, Julio Sanz Orejudo, en sustitución de Ignacio Esbec, que abandonó recientemente el decanato de Zamora. De vicepresidente segundo del CRACYL ejercerá, en sustitución de Daniel Ibáñez, recién relevado en el Decanato de Palencia, el ponferradino Aníbal Fernández, hasta hace unos meses, máximo representante de los abogados bercianos en la Delegación del Colegio de Abogados de León en Ponferrada.
Se mantienen como miembros de la Permanente del Consejo, como tesorero el burgalés Arturo Almansa y como secretario el vallisoletano Antonio García-Quintana, bajo la presidencia del salmantino Fernando García-Delgado. Tomaron posesión, asimismo, en el penúltimo pleno, celebrado en Zamora, el nuevo decano de Palencia, Santiago González, y en el último pleno en Burgos, los nuevos decanos de Zamora, Norberto Martín-Anero y Salamanca, Fernando Dávila.
El nuevo organigrama del Consejo lo completa el salmantino Víctor Maíllo, como consejero no decano, en sustitución del también salmantino César Tocino.
El Consejo de la Abogacía de Castilla y León se compone de un total de 17 miembros que se dividen en consejeros decanos y no decanos. Así, los nueve máximos representantes de los Colegios de Abogados de la región tienen presencia por su cargo, a los que se añaden otros siete consejeros no decanos, que tienen la potestad de nombrar los colegios.

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Toma de posesión sin novedad en el Colegio de Abogados

Los cargos de la junta de Gobierno que se renovaron en diciembre efectuaron su promesa o juramento, aunque continúan en sus puestos todos los letrados que estaban anteriormente.

03/03/2013.
El Adelantado de Segovia (3/3/2013).
Texto: A.S.R. - Segovia / Fotografía: Kamarero.

Existe información adjunta : Descargar Archivo PDF.


El Colegio de Abogados de Segovia ha celebrado su junta ordinaria anual, un encuentro en cuyo orden del día destacó la toma de posesión, con promesa o juramento, de los cargos de la junta de Gobierno que se renovaron en el pasado mes de diciembre. No obstante, el proceso se zanjó con la continuidad en todos los puestos de las personas que ya los ostentaban, de manera que fue una toma de posesión sin novedades.
Así, tomaron posesión de su cargo el decano del Colegio, Julio Sanz Orejudo; el diputado primero, Julián Sanz Gómez; el diputado segundo, César Fraile Casado; la diputada cuarta, Elvira-Victoria Sanz Rivas; y el bibliotecario, Andrés Ricardo Martínez García, ya que el Colegio de Abogados renueva su junta por mitades.
De hecho, todos los cargos se renovaron sin necesidad de votación, por no presentarse más aspirantes que los que las personas que ya los ostentaban, excepto en el caso del diputado primero, en el que concurrió al proceso electoral la letrada Eva Martín Peñas, ex concejala socialista en el Ayuntamiento de Segovia, quien finalmente perdió la votación con Julián Sanz Gómez.

Otros asuntos

Además de la toma de posesión de los miembros de la junta de Gobierno, la asamblea ordinaria se ocupó de diversos asuntos de índole económica, como la aprobación de las cuentas de ingresos y gastos correspondientes al pasado ejercicio 2012.
Asimismo, el decano del Colegio, Julio Sanz Orejudo, presentó una reseña de los acontecimientos más relevantes de la vida colegial durante el año pasado, una actividad marcada por la fuerte oposición que los abogados segovianos han presentado a la Ley de Tasas impulsada por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y que les llevó incluso a protagonizar una manifestación, vistiendo sus togas, hace unos meses. En este sentido, también han apoyado los distintos actos convocados por otros colectivos judiciales, como los jueces y fiscales o los empleados judiciales.
Dentro de la actividad del Colegio, y en otro orden de asuntos, Sanz Orejudo también se refirió a los programas formativos que se desarrollan durante todo el año, “con cursos sobre distintas materias que afectan a nuestro colectivo”, dentro de una vida colegial que el decano describió como “muy dinámica”.

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Julio Gabriel Sanz Orejudo
Decano del Colegio de Abogados de Segovia

“Es un antes y un después para la abogacía”

21/02/2013.
El Norte de Castilla (21/02/2013).

Existe información adjunta : Descargar Archivo PDF.

El foco de la protesta no recaía esta vez en el colectivo de abogados, aunque el Colegio Oficial, con su decano al frente, quiso respaldar a jueces y fiscales en su acción de ayer y adherirse así a sus reivindicaciones y quejas en contra de las últimas políticas adoptadas por el Gobierno español en el ámbito judicial.
Sanz Orejudo criticó “la reforma unilateral del ministro Ruiz Gallardón acometida sin pactar con los agentes ni operantes habituales” de la Administración de Justicia.
Defendió en particular algunas de las demandas de ayer ante lo que considera un “golpe al Estado de Derecho”. En concreto, se refirió a la ley de tasas. El Decano segoviano insistió en las barreras que elevan este tipo de medidas que complican el acceso de los ciudadanos a la Administración de Justicia. Julio Sanz apostilló que en el tiempo que lleva en vigor el cobro de este ‘peaje’ económico se ha notado una especial incidencia en los asuntos civiles y sociales. Por ejemplo, la ley de tasas ha provocado un “descenso brutal en lo Contencioso”. Asímismo, el decano explicó cómo los ciudadanos se retraen de interponer un recurso de suplicación ante el Superior de Justicia en los pleitos contra la Seguridad Social o con empresas. Ese recurso cuesta 500 euros. También citó los 800 euros que cuesta una apelación civil. Todo esto supone “un antes y un después para la abogacía”.

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