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Ilustre Colegio de Abogados de Segovia.(v3)

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Ilustre Colegio de Abogados
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Los abogados y jueces de la capital llevaron a la Subdelegación su oposición al “tasazo”

Un centenar de profesionales marchó desde el Palacio de Justicia portando una pancarta reivindicativa

28/11/2012.
elacueducto.com.
Nacho Barrio / Fotografía: Javier Segovia .

Existe información adjunta : Descargar Archivo PDF.

Cerca de un centenar de abogados y jueces segovianos salieron desde el Palacio de Justicia de la capital hacia la Subdelegación del Gobierno, portando una pancarta en la que se podía leer ‘Justicia para todos, no a las tasas’.

En la fría mañana de ayer y, en una convocatoria que fue aumentando progresivamente, los profesionales de la Justicia en Segovia capital marcharon pacíficamente, entonando en algunos momentos el grito de “Gallardón, dimisión”, en alusión al ministro de Justicia.

Al llegar a la Subdelegación, miembros de la junta de gobierno del Colegio de Abogados segoviano tuvieron un encuentro con Pilar Sanz, en el que trasladaron a la subdelegada su “enorme preocupación” ante la nueva Ley de Tasas, “que impide el acceso a los tribunales de gran parte de la ciudadanía”, como aseguró antes de entrar en el edificio público el presidente del Colegio, Julio Sanz Orejudo. Los abogados entregaron a la subdelegada el manifiesto que leyeron hace escasas semanas en el que reclaman la revisión de lo que se ha calificado popularmente “el tasazo”. Sanz Orejudo manifestó que se exigirá la retirada de esta ley.

Esta no era una manifestación al uso. De esta forma, muchos transeúntes se vieron sorprendidos por el centenar de profesionales, que, además de la pancarta, portaban los atuendos propios del oficio.

En este sentido, Sanz Orejudo apuntó que “los abogados nos hemos puesto la toga en la calle poco, porque normalmente nos la ponemos dentro en defensa de los ciudadanos”, aunque “hoy [por ayer] era el día de defender esos derechos fuera.

El presidente del Colegio recordó que la abogacía también salió en momentos clave como en los asesinatos de Atocha.

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El decano de los abogados alerta de los efectos negativos de la ley de tasas

El decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, ha anunciado que asistirá a la concentración de jueces convocada para hoy a las 13,30 horas junto al Palacio de Justicia en protesta por las reformas del Ministerio.

23/11/2012.
El adelantado de Segovia.
Gonzalo Ayuso - Segovia / Fotografía: Kamarero.

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La ley de tasas entró ayer en vigor, aunque éstas no se empezarán a cobrar hasta que el Ministerio de Hacienda tenga listos los nuevos formularios de autoliquidación, lo que a juicio del decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, muestra “el contrasentido del disparatado trámite de urgencia que ha llevado a cabo el Ministerio de Justicia, que no ha admitido ninguna enmienda ni las alegaciones que presentamos desde la Abogacía para mejorar el texto legal”.
Sanz Orejudo considera que esta nueva normativa afectará de manera importante a los ciudadanos que tengan que recurrir a la Justicia en los ámbitos civil, contencioso-administrativo y social.
Explica por ejemplo que en los asuntos sociales, el juzgado único de Segovia tramita cientos de procedimientos, teniendo en cuenta que la situación de crisis genera conflictividad entre empresas y trabajadores.
En este ámbito las tasas comienzan a aplicarse a partir de la segunda instancia y el decano informa de que para un recurso de súplica presentado ante el Tribunal Superior de Justicia un trabajador que quiere reclamar a su empresa una cantidad de, por ejemplo, 3.000 euros, tiene que pagar una tasa de 500 euros, cuando en el orden social siempre se había eximido del pago de tasas.
Si tampoco obtuviera el resultado deseado y quisiera recurrir al Tribunal Supremo la tasa se eleva hasta los 750 euros.
En cuanto a los procedimientos contencioso-administrativos, el decano de los abogados segovianos dice que la nueva ley coarta la acción de los ciudadanos ante la Justicia en asuntos que van desde la reclamación por una multa de tráfico a un recurso por la resolución de un Ayuntamiento. De manera que, en un procedimiento abreviado, la tasa asciende a 200 euros aunque la multa sea de 100 euros, por ejemplo. En un procedimiento ordinario la tasa se eleva a 300 euros y si hubiera apelación habría que sumar otros 800.
Sanz Orejudo alerta de los efectos negativos de estas tasas, que afectan de manera muy directa porque “para reparar una injusticia en primera instancia, debida a un error judicial o una cuestión de fondo aceptada por la doctrina del Supremo, es necesario un desembolso de dinero importante”.
Por otro lado, afirma que el Ministerio de Justicia “de forma engañosa argumenta que el dinero recaudado se destinará a la Justicia Gratuita, cuando el Tribunal europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, ha establecido la obligación del Estado de asumir ese gasto.
Precisamente, el departamento de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León informó de la convocatoria para hoy de concentraciones de jueces en seis capitales, entre ellas Segovia, debido a las reformas emprendidas por el Ministerio de Justicia. El decano de los abogados segovianos ha anunciado que asistirá para apoyar esta reivindicación. Sanz Orejudo se pregunta por qué el ministro no escucha a los operadores del ámbito de la Justicia.

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Un centenar de abogados de Segovia se concentra para pedir la retirada del proyecto de ley de tasas judiciales y cambios en las normas hipotecarias

El decano, Julio Sanz Orejudo, expresa el apoyo de los letrados a los jueces para frenar «la sangría humana de los desahucios»

12/11/2012.
El Norte de Castilla / El Adelantado de Segovia.
M. A. LÓPEZ | SEGOVIA - Fotografía: Kamarero

VIDEO DISPONIBLE.

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De 2009 a 2012, los letrados segovianos han percibido un aumento del 30% de los asuntos que llegan a sus despachos, lo que significa que «los ciudadanos siguen creyendo en la Justicia y siguen trayendo sus asuntos». De ahí, «la gran contradicción» con la propuesta de la Ley de Tasas que ha puesto en marcha el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, según ha expresado este lunes el decano del Colegio de Abogados de Segovia, Julio Sanz Orejudo, durante la concentración ante el Palacio de Justicia en la que han participado un centenar de colegiados y procuradores.

Sanz Orejudo ha declarado que el proyecto de la Ley de Tasas supone «un impedimento» para que los ciudadanos accedan a la Justicia y «un disparate social» porque «la Justicia nunca se puede arreglar limitando sus derechos».

La protesta de los abogados es una muestra de su rechazo al proyecto ministerial, actualmente en el Senado. Ls letrados confían en que la presión social y de la abogacía surta efecto y tenga «alguna respuesta por parte del Ministerio y pueda corregir los aspectos más gravosos». Si no fuera así, «nuestras armas son la palabra y la pelea por el derecho de defensa», ha manifestado el decano, para hacer llegar al Gobierno y a los partidos de la oposición que «es un recorte económico y un golpe fuerte al corazón del Estado de Derecho en materia de Justicia que afecta a todos, y hoy puede afectar a un ciudadano en el servicio de justicia gratuita y mañana a cualquiera que no pueda traer su asunto a los juzgados como consecuencia del coste de las tasas».

Sanz Orejudo rechaza este anteproyecto de ley de revisión de tasas, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 30 de marzo, y hace suyo el pronunciamiento del Consejo General de la Abogacía de España que sostiene que para frenar la litigiosidad el medio no es poner barreras en forma de tasas para acceder a la justicia: «Los ciudadanos tienen derecho a acudir a los tribunales en defensa de sus legítimos intereses y pretensiones, tal y como reconoce la Constitución, y no se puede impedir ese acceso por medio de un sistema de tasa que perjudica a quienes tienen menos medios económicos».

El representante de los letrados de Segovia recuerda que el ministro declaró que su objetivo era sacar tres millones de asuntos de los juzgados, pero afirma que «estas medidas solo pretenden que entren menos asuntos en los juzgados, para reducir el trabajo de la Administración de Justicia a costa de los derechos de los ciudadanos», mientras que, como consecuencia de la crisis económica, «se ha producido un incremento brutal de la actividad litigiosa y un aumento significativo de los expedientes de justicia gratuita».

Manifiesto

Ante el Palacio de Justicia, sede de la Audiencia Provincial y de varios juzgados, Sanz Orejudo ha leído el manifiesto elaborado por el Consejo General de la Abogacía de España, que proclama el «deplorable estado que sufre la Administración de Justicia» y hace un llamamiento al Gobierno para que deje de lado «experimentos o iniciativas improvisadas carentes de eficacia alguna» y pide al Ministerio que «aúne voluntades y no las separe», que «oiga y escuche», para concertar un pacto de Estado contando con todos los profesionales y, entre otras cosas, retire «de forma inmediata» el proyecto de Ley de Tasas.

Otras propuesta de la abogacía contenidas en este manifiesto son actualizar las reglas de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita; una dotación adecuada para que funcionen la mediación y el arbitraje «como formas de resolución de conflictos, reduciendo así el colapso judicial»; mejorar permanentemente «el servicio a los justiciables con la aplicación de la Carta de los Derechos de los Ciudadanos aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos el 16 de abril de 2002» y, además, «potenciar y dotar adecuadamente los centros de asesoramiento y defensa de las ejecuciones hipotecarias y desahucios, procediendo de inmediato a elaborar las modificaciones legislativas pertinentes para superar el cúmulo de imprevisiones, errores y omisiones, abusos o fraudes que se han venido sucediendo en materia tan sensible para los derecchos fundamentales».

Procedimientos de desahucio

Precisamente sobre esta materia, el decano de los abogados de Segovia ha querido, por otra parte, «marcar una lanza en favor de los jueces, que una vez más están a la altura de las circunstancias y sacan argumentos para contener esta sangría humana que son los desahucios».

Sanz Orejudo tiene conocimiento de alguna sentencia de los juzgados de Segovia que limita el derecho de las entidades bancarias al lanzamiento de los deudores hipotecarios de sus viviendas y ha señalando que «en estos momentos puede haber un movimiento dentro de la judicatura segoviana, de ser consciente de la realidad que están viviendo, y su posición va a ser muy importante para que el poder político pueda mover ficha y acometade una santa vez la sangría de las ejecuciones hipotecarias».

Además, ante las recomendaciones de instancias de la Unión Europea para que en España se modifique la legislación hipotecaria, Sanz Orejudo ha señalado que «por primera vez a los abogados se nos abre un cauce desde el derecho de defensa en unos procedimientos que son muy reglados y que admiten muy pocas posibilidades», de manera que «con lo que viene de Europa más lo que viene del país y las ganas que tenemos los abogados de luchar por este derecho de defensa, yo creo que vamoa a poder parar el golpe de los desahucios».

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Julio Gabriel Sanz Orejudo. Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Segovia

"Parece que los servicios públicos son solo la sanidad o la educación, pero la justicia también lo es"

11/11/2012.
elacueducto.com
Iltre. Colegio de Abogados de Segovia.
Entrevista: Gema Pastor. Fotografía: Javier Segovia.

Existe información adjunta : Descargar Archivo PDF.

Colegio con historia. Comenzó en 1838 donde un grupo de abogados segovianos lo constituyeron con sede en el lugar donde hoy está el museo Esteban Vicente. Actualmente hay colegiados cerca de 300 abogados ejercientes y alrededor de 100 más no ejercientes. Al frente de todos ellos se encuentra el decano Julio Gabriel Sanz Orejudo.
Desde la calle San Agustín, donde se encuentra el Ilustre Colegio de Abogados de Segovia, Sanz explica la situación de los abogados actualmente.
El Colegio tiene un mandato constitucional y es atender a los ciudadanos en su derecho de defensa. Fundamentalmente está constituido para organizar una asistencia a los ciudadanos desde el punto de vista del derecho de defensa, para gestionar el turno de oficio y la justicia gratuita, y para amparar y atender a todos los colegiados ejercientes en el día a día, indica Sanz.
“El colegio está para sus propios colegiados pero también para atender a los ciudadanos” manifiesta el decano, resaltando que una de las tareas más importantes es el control de la deontología profesional.
Los colegios profesionales están tendiendo a desaparecer a través de unas legislaciones que vienen marcadas por directivas europeas y en estos momentos está pendiente de discutirse en los parlamentos la ley de servicios profesionales. Ante esta situación, Sanz indica que “por la importante labor social que desarrollan con los ciudadanos, con la administración de justicia y con el propio estado de derecho van a seguir existiendo para bien”.
Aun así, la situación de crisis les azota como al resto. Sanz explica que les afecta de dos modos, “primero, esta situación nos genera más trabajo porque la gente lo está pasando muy mal y por otro lado, porque ese incremento de trabajo, bien a través de la justicia gratuita o bien desde los asuntos que nos llegan, la abogacía siempre ha sido una profesión muy generosa”.
Como es de gran vocación, los abogados “no dejamos a nadie en la estancada, lo distinto es que podamos cobrar y cobremos”, indica el decano. Por lo tanto, la crisis “nos afecta por el trabajo y por el cobro” explica. Pese a esa incertidumbre, los profesionales de este sector siguen atendiendo a los clientes “en mayor o menor medida, pero siempre los vamos a seguir atendiendo”, afirma Sanz.

Justicia gratuita
En justicia gratuita, — es el servicio público que presta el estado a las personas más vulnerables de la sociedad y sin recursos económicos, o sus recursos no exceden de 14.900 euros brutos anuales— aumentan mucho los casos con esta situación de crisis. De los años 2009 a 2012 “podemos estar hablando de incremento de asuntos del orden del 25 al 30 por ciento en esta materia”, aclara el decano.
En 2012 llegaran o pasaran los 2.000 expedientes de justicia gratuita, cuando en términos normales se mueven alrededor de los 1.500 expedientes en término medio, según Sanz.
El cuerpo voluntario de abogados que atiende la justicia gratuita y el turno de oficio en Segovia es de 113 aproximadamente.
Estos servicios se los paga el Estado a los profesionales que los atienden con una retribución que lleva bloqueada desde el año 2003 cuando todavía no había crisis. “Nadie en Segovia vive del turno de oficio” aclara el decano.

Aumento de tasas
Ante el aumento de tasas judiciales, Sanz asegura que es un “golpe duro al corazón del estado de derecho en materia de justicia, porque va a limitar el acceso de muchos ciudadanos a la justicia, va a limitar la actividad y el ejercicio profesional y va a limitar la tutela efectiva de los ciudadanos”.
“Parece que los servicios públicos son solo la sanidad, la educación, pero la justicia también lo es”, reivindica. La solución no es impedir que los ciudadanos se puedan defender sino darles soluciones estructurales desde dentro y para eso los órganos de la administración de justicia y del gobierno deberían tener las cosas mas claras. En ese futuro los abogados estamos dispuestos a colaborar.

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